La violencia política ha sido uno de los fenómenos más polémicos en el mundo, tratar de legitimar el poder y causar daño ha una población inocente, vulnerable y carente de herramientas necesarias para defenderse, se convierte en el objetivo fundamental de los grupos terroristas, los cuales le muestran al Estado con sus actos de barbarie su inconformismo hacia los sistemas políticos.
Frente a estos hechos repetitivos de violencia hacia la población civil, Colombia tuvo que poner un freno al cese de actividades violentas por parte de los grupos al margen de la ley, estableciendo la Ley 975 de 2005, (Ley de Justicia y paz), dentro de la cual expresa (ARANGUREN ROMERO J. P, 2012), se proyecto un marco jurídico para los procesos de reinserción y desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia y al mismo tiempo termino por enmarcar la creación de escenarios transicionales y por definir sus reglas de juego.