Es un valor apreciable y entendido que en todo Estado democrático debe existir una política judicial, es decir, cursos de acción definidos institucionalmente que implementen la función jurisdiccional propia de todo gobierno a través de sus diferentes órganos.
Por el contrario, la inversión de los términos que supone la “judicialización de la política” suele tener un significado cuestionable, quealudea una suerte de exceso o intromisión indebida de la actividad judicial en terrenos que serían más propios de la función legislativa o administrativa.